La OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha marcado un punto de inflexión en la historia financiera reciente de España. Lo que comenzó como un intento de integración estratégica ha desembocado en un complejo pulso empresarial, regulatorio y político, con la inédita intervención del Gobierno mediante una consulta pública. A continuación, repasamos los hitos clave de esta operación que está redefiniendo el mapa bancario español.
Cronología de la OPA BBVA a Sabadell
2020
BBVA y Sabadell exploran una posible fusión. El intento fracasa ante las diferencias estratégicas y de valoración.
Finales de 2023
Las negociaciones se retoman. BBVA busca ampliar escala y sinergias, reforzando su presencia en pymes y Cataluña.
30 de abril de 2024
BBVA lanza una propuesta de compra con una ecuación de canje de 1 acción de BBVA por 4,83 de Sabadell, ofreciendo una prima del 30% respecto al cierre anterior. Sabadell rechaza la propuesta a los pocos días.
6 de mayo de 2024
El consejo de administración de Sabadell considera que la oferta no protege adecuadamente los intereses de sus accionistas, clientes ni empleados.
9 de mayo de 2024
BBVA lanza una OPA hostil sobre el 100% del capital de Sabadell, manteniendo la oferta original.
Primer trimestre de 2025
El proceso se encuentra bajo escrutinio regulatorio. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) abre consultas a patronales, sindicatos y asociaciones, aunque de forma limitada.
30 de abril de 2025
La CNMC aprueba la operación con condiciones, enfocadas en preservar la competencia y proteger especialmente a clientes pymes.
1 de mayo de 2025
BBVA reformula la oferta tras los dividendos: ahora ofrece una acción de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,3456 acciones de Sabadell, lo que representa una prima negativa del 7% por la evolución bursátil desde la primera oferta.
6 de mayo de 2025
El Gobierno irrumpe en el proceso. El presidente Pedro Sánchez anuncia en Barcelona el inicio de una consulta pública inédita para evaluar el impacto de la operación desde la óptica del interés general.
La consulta pública: ¿qué es y por qué importa?
La consulta pública anunciada por el Ejecutivo marca un hito sin precedentes en operaciones de este tipo. Aunque habitual en la elaboración de leyes y normas, nunca antes se había utilizado en una OPA empresarial.
¿Quién puede participar?
Cualquier persona, empresa, asociación o colectivo puede enviar su opinión. Ya han confirmado su participación sindicatos, patronales catalanas como Pimec o Cepyme, y asociaciones de consumidores como Asufin o Adicae.
¿Qué impacto puede tener?
Aunque no es vinculante, sus resultados podrían influir en la decisión final del Gobierno, que puede modificar, ampliar o incluso vetar la operación si considera que no garantiza el interés público.
¿Cuál es el procedimiento?
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La consulta comienza el 6 de mayo de 2025.
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Durará al menos 15 días hábiles.
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Es un paso previo a que el Ministerio de Economía decida si eleva la operación al Consejo de Ministros.
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El Consejo dispondrá de hasta 30 días para emitir su veredicto final.
Estado actual y próximos pasos
Con la aprobación de la CNMC ya en la mano, y la oferta ajustada formalizada, la atención está ahora en el proceso de consulta.
Si el Gobierno da luz verde:
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La CNMV deberá aprobar el folleto explicativo.
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Se abrirá el periodo de aceptación de la OPA para los accionistas de Sabadell, previsiblemente entre el segundo y tercer trimestre de 2025.
Sin embargo, la oposición política, sindical y empresarial —especialmente en Cataluña—, así como los recursos judiciales pendientes, podrían complicar aún más los tiempos.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha manifestado públicamente su inquietud por la incertidumbre añadida. El hecho de que el Gobierno utilice una herramienta inédita introduce riesgos regulatorios, políticos y de mercado que podrían alterar los planes estratégicos de BBVA y afectar la percepción de los inversores.
Un proceso con fuerte carga política y económica
Esta OPA no es solo una operación financiera. Ha puesto sobre la mesa cuestiones clave: la concentración bancaria, el peso del sistema financiero en las pymes, la preservación del empleo y la autonomía económica regional.
El desenlace de esta operación marcará un precedente sobre hasta qué punto el Gobierno puede y debe intervenir en decisiones empresariales que afectan al tejido económico y social del país.
